DESARROLLO RURAL: CASO VEREDA REQUILINA EN
LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ COLOMBIA
RURAL DEVELOPMENT: CASE VEREDA REQUILINA IN THE
LOCATION OF USME, BOGOTÁ COLOMBIA
ABSTRACT
RESUMEN
The present document intends to approximate what in Latin America has been manifesting
itself as development, seen from a regional perspective that incites to the epistemological cons-
truction from the base processes; in addition, it aims to envision the construction of decentrali-
zed, cultural and environmental social fabric, with tools of the rural population, which uses
daily and with which land, territory and identity are claimed. Thus, one of the actions that are
in line with rural development are the agro-tourism practices of the peasants of La Requilina, a
village located in the town of Usme in the city of Bogotá; A particular case where important
factors of citizen participation, public management and social and rural development are trigge-
red, which allow the creation of new actors committed to the claim of peasant identity, the
promotion of new food markets and the legitimation of rural territory in the Fight against urban
sprawl. The systematization of experiences demonstrates each of the processes started in 2010
in the processes of rural community tourism, in order to obtain a livelihood of community work
within the academic and knowledge generation.
Keywords: community tourism; development; governance; participation; public management.
El presente documento pretende aproximarse a lo que en Latinoamérica se ha venido manifes-
tando como desarrollo, visto desde una perspectiva regional que incita a la construcción episte-
mológica desde los procesos de base; además, se pretende avizorar la construcción de tejido
social descentralizado, cultural y ambiental, con herramientas propias del poblador rural, las
cuales utiliza cotidianamente y con las que se reivindica con la tierra, el territorio y su identi-
dad. Así, una de las acciones que se ajustan al desarrollo rural son las prácticas agroturísticas
por parte de las campesinas de la Requilina, vereda ubicada en la localidad de Usme de la
ciudad de Bogotá; un caso particular donde se desencadenan factores importantes de participa-
ción ciudadana, gestión pública y desarrollo social y rural, que permiten la creación de nuevos
actores comprometidos con la reivindicación de la identidad campesina, el fomento de nuevos
mercados alimentarios y la legitimación del territorio rural en la lucha contra la expansión
urbana. La sistematización de experiencias evidencia cada uno de los procesos encaminados
desde el año 2010 en los procesos del turismo rural comunitario, para así lograr un sustento del
trabajo comunitario dentro en la académica y la generación de saberes.
Palabras clave: desarrollo; gestión pública; gobernanza; participación; turismo comunitario.
Leonardo Castellanos Ramírez
UNITEC
leonardo.castellanos@unitec.edu.co
93
Recibido para revisión: 27-noviembre-2016
Aceptado para publicación: 17-diciembre-2016
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
INTRODUCCIÓN
El desarrollo ha sido un concepto que ha
buscado desenvolverse en los territorios de
manera homogénea, trascendiendo los terri-
torios y uniformando la sociedad con el
mismo atuendo, algo que el pensamiento
occidental gestó con el discurso del expresi-
dente Truman, que en 1949 deja en el
ambiente de la sociedad una etiqueta en las
mentes de los habitantes de Asia, África y
Sur América como poseedores del subdesa-
rrollo, comparando directamente su capita-
lismo industrializado con las economías
diferenciadas.
Es por eso que pensar en la construcción de
definiciones de desarrollo, nacidos y arrai-
gados desde la perspectiva del “sur”, desde
el pensamiento local, desde los procesos de
base, serán los cimientos para consolidar los
caminos de la planificación rural y de los
territorios en cada uno de los sectores
económicos, partiendo de los espacios de
participación, los procesos comunitarios y
cada una de las bases sociales que empren-
den las comunidades asentadas fuera de las
grandes urbes, llevando a cuestas la presión
del crecimiento poblacional y la expansión
de las ciudades.
El propósito de éste documento es reflexio-
nar sobre las acciones sociales que han
emprendido las campesinas de la vereda
Requilina de Usme, bajo un trazado teórico
y un análisis práctico, que conllevan hacia el
uso de los espacios de participación local y
distrital para la vinculación de nuevas prác-
ticas productivas a través del turismo, como
una herramientas para la conservación del
espacio rural y una dinámica económica
enmarcada en el uso del suelo.
El pensamiento centralizado se origina en
los países del “norte”, en las universidades
de la metrópoli, generando la forma de
expandir dicho pensamiento en las zonas
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periféricas y así lograr cobertura frente a la
“contribución” de la generación de riquezas
a países con dinámicas, modos de vida y
manifestaciones diferentes. Es por eso que
el pensamiento occidental de una u otra
manera, ha fragmentado sociedades y cultu-
ras en países como Colombia, generando así
una división en los procesos de planifica-
ción del territorio, pero que a su vez han
permitido acceder a la identificación de un
país pluriétnico y multicultural desde
un pensamiento alternativo y decolonial de
la sociedad (Escobar 2014).
El tránsito histórico que recorrió el desarro-
llo de países subdesarrollados, ha sufrido
ataques por parte de pensadores de las dife-
rentes épocas con las que se ha chocado
dicho proceso, impactando directamente en
la dependencia de capital externo de los
países de la periferia y la explotación social
de los territorios, donde la historia debía
finalizar (o continuar) en que “todos seria-
mos ricos, racionales y felices” (Escobar
2014:27).
Parte de las críticas del desarrollo fueron
manifestadas en las propuestas teóricas
liberales, donde no hay posibilidades de
desarrollarse si la tecnología y el capital no
están presentes; la marxista, que pretende
dar un corte socialista, desligando al desa-
rrollo del capital y la postestructuralista, que
cuestiona la manera de cómo llegaron Asia,
África y Sur América a ser subdesarrollados,
entonces surge el interrogante sobre ¿cuál
debe ser la perspectiva de desarrollo para los
países latinoamericanos?
Los ajustes alternativos al desarrollo (Gudy-
nas 2011), buscan desestructurar las bases
ideológicas occidentales y aprovechar los
imaginarios de identidad, propósitos y prác-
ticas de los países dolientes.
Replantear todo un sistema de construcción
política con espacios conjuntos de participa-
ción social, deben ser planteados desde
dinámicas sociales justas, desde el pensa-
miento multifacético y multicultural, con
procesos de vinculación de la población y
márgenes claros de visibilización y cons-
trucción colectiva (Escobar 2014).
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
El desarrollo ha sido un concepto que ha
buscado desenvolverse en los territorios de
manera homogénea, trascendiendo los terri-
torios y uniformando la sociedad con el
mismo atuendo, algo que el pensamiento
occidental gestó con el discurso del expresi-
dente Truman, que en 1949 deja en el
ambiente de la sociedad una etiqueta en las
mentes de los habitantes de Asia, África y
Sur América como poseedores del subdesa-
rrollo, comparando directamente su capita-
lismo industrializado con las economías
diferenciadas.
Es por eso que pensar en la construcción de
definiciones de desarrollo, nacidos y arrai-
gados desde la perspectiva del “sur”, desde
el pensamiento local, desde los procesos de
base, serán los cimientos para consolidar los
caminos de la planificación rural y de los
territorios en cada uno de los sectores
económicos, partiendo de los espacios de
participación, los procesos comunitarios y
cada una de las bases sociales que empren-
den las comunidades asentadas fuera de las
grandes urbes, llevando a cuestas la presión
del crecimiento poblacional y la expansión
de las ciudades.
El propósito de éste documento es reflexio-
nar sobre las acciones sociales que han
emprendido las campesinas de la vereda
Requilina de Usme, bajo un trazado teórico
y un análisis práctico, que conllevan hacia el
uso de los espacios de participación local y
distrital para la vinculación de nuevas prác-
ticas productivas a través del turismo, como
una herramientas para la conservación del
espacio rural y una dinámica económica
enmarcada en el uso del suelo.
El pensamiento centralizado se origina en
los países del “norte”, en las universidades
de la metrópoli, generando la forma de
expandir dicho pensamiento en las zonas
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periféricas y así lograr cobertura frente a la
“contribución” de la generación de riquezas
a países con dinámicas, modos de vida y
manifestaciones diferentes. Es por eso que
el pensamiento occidental de una u otra
manera, ha fragmentado sociedades y cultu-
ras en países como Colombia, generando así
una división en los procesos de planifica-
ción del territorio, pero que a su vez han
permitido acceder a la identificación de un
país pluriétnico y multicultural desde
un pensamiento alternativo y decolonial de
la sociedad (Escobar 2014).
El tránsito histórico que recorrió el desarro-
llo de países subdesarrollados, ha sufrido
ataques por parte de pensadores de las dife-
rentes épocas con las que se ha chocado
dicho proceso, impactando directamente en
la dependencia de capital externo de los
países de la periferia y la explotación social
de los territorios, donde la historia debía
finalizar (o continuar) en que “todos seria-
mos ricos, racionales y felices” (Escobar
2014:27).
Parte de las críticas del desarrollo fueron
manifestadas en las propuestas teóricas
liberales, donde no hay posibilidades de
desarrollarse si la tecnología y el capital no
están presentes; la marxista, que pretende
dar un corte socialista, desligando al desa-
rrollo del capital y la postestructuralista, que
cuestiona la manera de cómo llegaron Asia,
África y Sur América a ser subdesarrollados,
entonces surge el interrogante sobre ¿cuál
debe ser la perspectiva de desarrollo para los
países latinoamericanos?
Los ajustes alternativos al desarrollo (Gudy-
nas 2011), buscan desestructurar las bases
ideológicas occidentales y aprovechar los
imaginarios de identidad, propósitos y prác-
ticas de los países dolientes.
Replantear todo un sistema de construcción
política con espacios conjuntos de participa-
ción social, deben ser planteados desde
dinámicas sociales justas, desde el pensa-
miento multifacético y multicultural, con
procesos de vinculación de la población y
márgenes claros de visibilización y cons-
trucción colectiva (Escobar 2014).
DESARROLLO
La producción agrícola se ha manifestado
como uno de los tránsitos que debe recorrer
el desarrollo rural de las naciones, sostén
alimentario, con el fin de conservar dichos
espacios protegiéndolos y velando por su
conservación de los ambientes naturales
(Naciones Unidas 1992).
Es por eso que en uno de los enfoques mate-
rializados del desarrollo rural, encaminado
bajo la determinación de la revisión teórica
que desde Escobar (2014) o Gudynas (2011)
se pretende abordar, se realizan algunas
aproximaciones desde dos mecanismos dife-
rentes, pero interrelacionados entre sí: la
participación ciudadana y la gestión pública,
como construcción de nuevas formas de
acción en lo que permite el estado local y lo
que la sociedad busca de manera alterna, la
obtención de un espacio en la agenda públi-
ca.
Desde allí la mirada debe ser de manera
retrospectiva, desde los conceptos de partici-
pación y gestión, para lograr un conglomera-
do de sucesos cristalizados en lo que ha sido
la construcción de una ruta turística a favor
de la agricultura y las prácticas identitarias
del campesino, la cultura rural y los meca-
nismo de acceso a la agenda pública desde
los espacios de participación para permitir
otras formas de desarrollar lo rural; mani-
fiesto así, el agroturismo, factor intermedia-
dor entre la conservación de los ecosistemas
rurales y la producción agrícola diferencia-
da.
La Constitución Política de Colombia de
1991, hace un preámbulo dirigido a toda su
población, donde otorga el poder de la repre-
sentación de los mandatarios y bajo el forta-
lecimiento de la unidad nacional por medio
de un marco jurídico democrático y partici-
pativo, la garantía de un orden político
económico y social (Constitución Política de
Colombia 1991). La participación, derivada
de la democracia, es la precisa para generar
un orden social, que permita desarrollar una
nación incluyente y que promueva un
preámbulo a la representación efectiva del
accionar civil.
El artículo 1 y 2 de la constitución también
hacen un llamado a la participación como
Estado social de derecho, con autonomía
desde las organizaciones gubernamentales
descentralizadas, bajo la premisa del respeto
a la dignidad humana, promoviendo a ser
parte de la prosperidad nacional, la conser-
vación y protección del territorio y sus habi-
tantes (Constitución Política de Colombia
1991).
Pero la participación también lleva a revisar
los conceptos académicos que se han desa-
rrollado para garantizar un manejo adecuado
del concepto en términos operativos, ya que
la participación es en sí un verbo de movi-
miento, de acción, de actuar, lo que Rebollo
y Martí (2002) señalan como el medio para
conseguir algo, no la finalidad de algo,
logrando la conformación de acciones para
lograr un objetivo desde la asociatividad,
para el hacer (Dueñas y García 2012).
La participación también ha sido relacionada
con la intervención social en la toma de deci-
siones, donde las personas se agrupan para
desarrollar acciones conjuntas, pasando del
rol de observadores, al de protagonistas del
proceso, personas que promueven el cambio
y que constantemente hacen parte de los
espacios habilitados para proponer y actuar
(Dueñas y García 2012).
Un aspecto importante que siempre se debe
tener en cuenta es la voluntad de las perso-
nas que participan, permitiendo identificar
escalas de participación como un proceso
activo, dinámico, donde las personas, de
acuerdo a los momentos y a las circunstan-
cias, actúan de manera directa o indirecta,
desde estados de ánimo y grados de compro-
miso (Geilfus 1997).
La participación hace del actor un promotor
de acciones y generador de cambios, cons-
truyendo espacios que permiten actuar de
distintas formas hasta lograr procesos de
incidencia política y construcción social,
donde se visibiliza y reconoce también, la
importancia de establecer la mirada hacia las
necesidades sociales.
La participación ciudadana se puede enten-
der como una forma de expresión de cultura
cívica, caracterizada por un compromiso por
lo público, por la comunidad, con responsa-
bilidad y apropiación social (Cordounier
2008).
Debido a esto, también existen otras conjun-
ciones con la palabra participación que
promueve acciones específicas contextuali-
zadas, pero que observando el dinamismo
conceptual, puede llegar a sumarse a lo que
se entiende por participación ciudadana; la
participación social, la participación popu-
lar, la participación comunitaria, encamina-
das hacia el accionar ciudadano, pues de
algún modo, la participación ciudadana ha
sido relegada a hechos políticos y votaciones
electorales.
Participar entonces, es un concepto que
dinamiza varios factores y características
pertinentes a los niveles de participación y a
los espacios en los que se participa, vista
también como “una técnica, un proceso, un
medio, un instrumento, una herramienta, una
habilidad, una actitud, un estado de ánimo
de conocimiento, una estrategia, pero
también como una manera de comprender la
condición humana” (Dueñas y García
2012:6). Éste acto, oficiado por las comuni-
dades y garantizado por el gobierno, enca-
mina un accionar hacia la colaboración y la
proposición, orientando a dirigir objetivos
sociales.
Institucionalmente el Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la Republica
(DAPRE) hace uso oficial del concepto
constitucional de la participación como:
El derecho que tiene toda persona de expre-
sarse libremente y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir infor-
mación veraz e imparcial, asimismo es el
derecho que tienen todo los ciudadanos de
participar activamente en el proceso de
toma de decisiones que los afecte. (Consti-
tución Política de Colombia 1991:16)
Para ello ha enmarcado la participación
ciudadana dentro de artículos constituciona-
les y leyes, estableciendo el marco jurídico
de participación ciudadana como mecanis-
mo de la ciudadanía para ejercer un derecho
activo y garante de respeto.
Esto de alguna manera ha llevado a la utili-
zación de dispositivos constitucionales de
participación, pero cabe aclarar que la parti-
cipación propuesta anteriormente y que se
referenciará más adelante, es el proceso que
lleva, en cierto grado, a la adquisición de
poder y autogestión, actos de toma de deci-
siones contundentes (Benavides 2008).
Con la aparición del concepto management,
su traducción a recorrido los espacios de
interpretación encontrando así definiciones
de gerencia pública, gestión pública y direc-
ción pública, siendo las dos primeras traduc-
ciones al español, las de uso más frecuente
(Sánchez 2002).
Siguiendo por la misma línea, en Francia
optan por la traducción de gerencia pública y
en España por gestión pública, haciendo que
los latinoamericanos usen de manera indis-
tinta ambas traducciones generando descon-
cierto teórico por los estudiosos de la admi-
nistración pública; Peter Drucker (1987)
encontró indicios del surgimiento del mana-
gement en los espacios militares, en univer-
sidades y las instituciones públicas moder-
nas para ser tomados posteriormente por la
empresa privada. Esto supone un carácter
multifacético de manejo del concepto que no
lo limita a ninguna aplicación operativa y
ninguna situación contextual, sino que por el
contrario, permite ampliar su aplicación a
diferentes sectores (Sánchez 2002).
Ospina (1993), señala que la administración
pública genera un uso pasivo con funciones
más administrativas, relegadas por el siste-
ma capitalista y las funciones políticas del
momento, entendida como disciplina aplica-
da bajo la utilización de conceptos tradicio-
nales de administración.
En cambio la gestión pública, “connota una
orientación más agresiva orientada a la
acción y a la solución creativa de los proble-
mas de la administración dentro de un
contexto de innovación y con la ayuda de
instrumentos racionales” (Ospina 1993:38),
generalizando de alguna manera la mirada y
otorgando procesos de reflexión a los méto-
dos que se llevan a cabo por medio del uso
de la gestión pública, aplicada al saber -
saber y al saber - hacer.
Dado que el concepto también ha sufrido
varias confusiones a la hora de su uso,
debido a las interpretaciones, como gerencia,
o llevada a diferentes instancias con el uso de
la administración como gobernanza o gober-
nabilidad, se proseguirá con las definiciones
anteriormente nombradas, debido a que
institucionalmente también se han estableci-
do varias definiciones para ajustar lo que se
puede interpretar como gestión pública.
Cabe resaltar que los documentos institucio-
nales de gobiernos, como el peruano o el
colombiano, hacen referencia también al uso
indistinto de gestionar y administrar, defi-
niéndolos a ambos como acción y efecto de
la acción, los peruanos entienden adminis-
tración pública, como los procedimientos
que desarrollan los organismos instituciona-
les, públicos o privados que presten un servi-
cio público, dependientes del gobierno;
comprende además de eso los organismos
que desarrollan funciones de interés público,
por lo general los que regulan comporta-
mientos e intereses de la sociedad (Bastidas
y Pisconte 2009).
Colombia refiere al concepto de administra-
ción pública como la actividad que desarro-
llan las entidades públicas gubernamentales
para dar cumplimiento a los objetivos del
estado, involucrándose en la planeación,
ejecución y control de las acciones empren-
didas, permitiendo la toma de decisiones,
organización y operación de las herramien-
tas, para que las decisiones sean puestas en
desarrollo (Alzate 2009).
Al respecto plantea Alzate, que gestión
pública dirigida hacia la obtención de resul-
tados, es para el gobierno colombiano:
La articulación permanente y continua de los
procesos de planeación, ejecución y evalua-
ción de las acciones que el Estado empren-
de, tendientes a dar cumplimiento a los
compromisos democráticamente concerta-
dos y asumidos por los mandatarios electos
para atender de forma integral, oportuna,
transparente y eficiente las necesidades de
la ciudadanía y dar cumplimiento a la
función y competencias encomendadas por
la Constitución y la ley a la Nación y a sus
entidades territoriales. (Alzate 2009:29)
Es por eso que para el gobierno colombiano,
resaltar los resultados obtenidos de las
acciones ejecutadas por la administración,
permite reconocer el proceso “integral, siste-
mático y participativo” (Alzate 2009:29). El
mismo camino recorrido hacia la búsqueda
de resultados y fines, transita el gobierno
peruano, con objetivos trazados hacia la
implementación de la gestión pública, argu-
mentados por acciones de configuración de
espacios institucionales, que permiten
garantizar las formas de actuar del Estado
para la implementación de las políticas,
suministrando así bienes y servicios, con el
objeto de dar cumplimiento a sus funciones
(Bastidas y Pisconte 2009).
Al revisar la forma de entender y poner en
función lo que se define como gestión públi-
ca, nos permite ingresar a los espacios de
participación en los cuales hace injerencia la
comunidad, gestados por los gobiernos en
virtud de sus funciones; la efectividad de
estos espacios se enmarca en la toma de
decisiones que logra la sociedad y que inter-
viene en la confianza de la efectividad de los
mismo por parte de las comunidades.
Una de las garantías que otorga la participa-
ción, está ligada a la vinculación de la ciuda-
danía por medio de espacios de confluencia
social habilitados por los gobiernos, donde
coincidan las ideas que en materia de gobier-
no surgen de la comunidad, además, donde
se legitimen las decisiones institucionales a
través de propuestas sociales. Es un deber
del gobierno abrir espacios de interlocución
y es un derecho de la ciudadanía participar
en estos espacios, generando mecanismos de
apropiación y poder por parte de la comuni-
dad, buscando alcanzar los objetivos esta-
blecidos por el estado, convirtiendo la políti-
ca gubernamental en espacios participativos
y democráticos.
La consolidación de la Red de Campesinos
Veredales, la participación en los CGV
(Centros de Gestión Veredal) y el aprendiza-
je por medio de visitas de experiencias
exitosas en turismo rural y comunitario,
dieron incentivos para crear la Corporación
Campesina Mujer y Tierra, legalmente cons-
tituida en el año 2013, proyecto liderado por
un grupo de campesinas de la vereda la
Requilina, que en el año 2016 desprende la
Fundación Ruta Agroturística La Requilina.
Este proyecto surgió, como primera instan-
cia, para visibilizar las potencialidades del
territorio, además de la búsqueda de alterna-
tivas ambientales sostenibles frente a la
producción limpia de alimentos por medio
de la construcción organizada y planificada,
además, con determinaciones de gestión y
control del territorio; ésta organización
pretende con estas herramientas fortalecer el
sentido socio ambiental y afianzar la identi-
dad territorial campesina en los jóvenes del
sector rural como medio de empoderamiento
y construcción del tejido social.
La Fundación, en un inicio se conformó por
11 campesinas propietarias de fincas, que
por medio de la gestión propia de recursos,
elaboran proyectos autosostenibles para la
realización y conformación de redes de
producción limpia, esto las lleva a desarro-
llar un trabajo de cartografía social liderado
por la misma Fundación, acompañado por
grupos de estudiantes universitarios de las
distintas instituciones de la capital del país
interesadas en el tema.
El mapeo del sector veredal permite consta-
tar la identificación de productos y servicios
que cada una de las fincas puede ofertar en
temas turísticos, construyendo así una ruta
turística y un portafolio de servicios que
consolide la ruta como un movilizador de la
economía local.
El proyecto de la Ruta Agroturística, conso-
lidado por la Fundación, encamino a los
jóvenes del territorio a ser partícipes del
afianzamiento de un producto articulado a
toda la población de la vereda, esto con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos y a permitir el relevo generacio-
nal que se debe dar en los procesos sociales
(Dirven 2002).
La conformación de una ruta llego a instan-
cias institucionales por medio de la partici-
pación en los cabildos y mesas de trabajo
habilitadas para la construcción del Plan de
Desarrollo Distrital (PDD 2012-2015), en
las cuales habían hecho parte las campesinas
usmeñas, ya que además de los espacios de
participación anteriormente nombrados,
también hicieron parte de la Mesa Borde
Rural, un espacio conformado por varias
organizaciones sociales, no solo de la vereda
sino de toda la localidad, conjuntamente con
la localidad de Ciudad Bolívar. Esto permi-
tió proponer, dentro de la agenda pública, la
generación de productos alternos a los agrí-
colas por parte de los campesinos bogota-
nos, haciendo del territorio un espacio
productivo y próspero en materia económi-
ca, social y cultural.
De los espacios de participación ciudadana
propuestos por el gobierno local, además de
la consolidación de otros espacios visibles
por la institucionalidad en materia social y
reconocimiento rural, el Instituto Distrital de
Turismo (IDT) lanzó una convocatoria para
reforzar la idea recogida en las mesas de
trabajo en la elaboración del PDD
2012-2015 (Plan de Desarrollo Distrital), y
así implementar las estrategias de fortaleci-
miento rural de los procesos encaminados
por los campesinos, convocando un grupo
de organizaciones expertas en materia turís-
tica, social y construcción de procesos
comunitarios para ponerse a la tarea de
fortalecer la ruta agroturística adelantada por
las campesinas de la Fundación.
Actualmente, el proceso económico
propuesto por las mismas campesinas de la
vereda Requilina, bajo el agroturismo y la
iniciativa comunitaria, empieza a ser parte
de la dinámica rural; simultáneamente y bajo
este propósito, la ruta se convierte en una
herramienta importante para la lucha contra
la expansión urbana, visualizando y poten-
cializando aún más la ruta agroturística.
Alterno a este proceso, hechos polémicos se
discuten en espacios gubernamentales,
centrados en los campesinos del sur de
Bogotá que se están aglomerando para evitar
que el gobierno local, junto con instituciones
privadas, compren los terrenos que en el
actual Plan de Ordenamiento Territorial ya
tiene definidos como espacios de expansión
urbanas. Estas acciones, que generaron
disturbios, problemáticas sociales, personas
detenidas, impactó de manera negativa a la
comunidad, debido a que nunca habían
optado por este tipo de trámites de resisten-
cia, pero una de las respuestas estaba inmer-
sa en la identidad cultural de cada uno de los
habitantes de la vereda.
Ruta Agroturística La Requilina, actualmen-
te generó iniciativas de resistencia, donde
una de las problemáticas latentes, justo por
su ubicación geográfica, es la de ser inclui-
dos dentro de los espacios delimitados como
zona de expansión urbana, fue detenida al
diferenciar sus prácticas campesinas a
instancias económicas como el turismo,
actividad que llevo a la ruta agroturística a
consolidar no solo el territorio rural, sino las
herramientas de participación y contribución
para generación de nuevas formas de desa-
rrollo.
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
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La producción agrícola se ha manifestado
como uno de los tránsitos que debe recorrer
el desarrollo rural de las naciones, sostén
alimentario, con el fin de conservar dichos
espacios protegiéndolos y velando por su
conservación de los ambientes naturales
(Naciones Unidas 1992).
Es por eso que en uno de los enfoques mate-
rializados del desarrollo rural, encaminado
bajo la determinación de la revisión teórica
que desde Escobar (2014) o Gudynas (2011)
se pretende abordar, se realizan algunas
aproximaciones desde dos mecanismos dife-
rentes, pero interrelacionados entre sí: la
participación ciudadana y la gestión pública,
como construcción de nuevas formas de
acción en lo que permite el estado local y lo
que la sociedad busca de manera alterna, la
obtención de un espacio en la agenda públi-
ca.
Desde allí la mirada debe ser de manera
retrospectiva, desde los conceptos de partici-
pación y gestión, para lograr un conglomera-
do de sucesos cristalizados en lo que ha sido
la construcción de una ruta turística a favor
de la agricultura y las prácticas identitarias
del campesino, la cultura rural y los meca-
nismo de acceso a la agenda pública desde
los espacios de participación para permitir
otras formas de desarrollar lo rural; mani-
fiesto así, el agroturismo, factor intermedia-
dor entre la conservación de los ecosistemas
rurales y la producción agrícola diferencia-
da.
La Constitución Política de Colombia de
1991, hace un preámbulo dirigido a toda su
población, donde otorga el poder de la repre-
sentación de los mandatarios y bajo el forta-
lecimiento de la unidad nacional por medio
de un marco jurídico democrático y partici-
pativo, la garantía de un orden político
económico y social (Constitución Política de
Colombia 1991). La participación, derivada
de la democracia, es la precisa para generar
un orden social, que permita desarrollar una
nación incluyente y que promueva un
preámbulo a la representación efectiva del
accionar civil.
El artículo 1 y 2 de la constitución también
hacen un llamado a la participación como
Estado social de derecho, con autonomía
desde las organizaciones gubernamentales
descentralizadas, bajo la premisa del respeto
a la dignidad humana, promoviendo a ser
parte de la prosperidad nacional, la conser-
vación y protección del territorio y sus habi-
tantes (Constitución Política de Colombia
1991).
Pero la participación también lleva a revisar
los conceptos académicos que se han desa-
rrollado para garantizar un manejo adecuado
del concepto en términos operativos, ya que
la participación es en sí un verbo de movi-
miento, de acción, de actuar, lo que Rebollo
y Martí (2002) señalan como el medio para
conseguir algo, no la finalidad de algo,
logrando la conformación de acciones para
lograr un objetivo desde la asociatividad,
para el hacer (Dueñas y García 2012).
La participación también ha sido relacionada
con la intervención social en la toma de deci-
siones, donde las personas se agrupan para
desarrollar acciones conjuntas, pasando del
rol de observadores, al de protagonistas del
proceso, personas que promueven el cambio
y que constantemente hacen parte de los
espacios habilitados para proponer y actuar
(Dueñas y García 2012).
Un aspecto importante que siempre se debe
tener en cuenta es la voluntad de las perso-
nas que participan, permitiendo identificar
escalas de participación como un proceso
activo, dinámico, donde las personas, de
acuerdo a los momentos y a las circunstan-
cias, actúan de manera directa o indirecta,
desde estados de ánimo y grados de compro-
miso (Geilfus 1997).
La participación hace del actor un promotor
de acciones y generador de cambios, cons-
truyendo espacios que permiten actuar de
distintas formas hasta lograr procesos de
incidencia política y construcción social,
donde se visibiliza y reconoce también, la
importancia de establecer la mirada hacia las
necesidades sociales.
La participación ciudadana se puede enten-
der como una forma de expresión de cultura
cívica, caracterizada por un compromiso por
lo público, por la comunidad, con responsa-
bilidad y apropiación social (Cordounier
2008).
Debido a esto, también existen otras conjun-
ciones con la palabra participación que
promueve acciones específicas contextuali-
zadas, pero que observando el dinamismo
conceptual, puede llegar a sumarse a lo que
se entiende por participación ciudadana; la
participación social, la participación popu-
lar, la participación comunitaria, encamina-
das hacia el accionar ciudadano, pues de
algún modo, la participación ciudadana ha
sido relegada a hechos políticos y votaciones
electorales.
Participar entonces, es un concepto que
dinamiza varios factores y características
pertinentes a los niveles de participación y a
los espacios en los que se participa, vista
también como “una técnica, un proceso, un
medio, un instrumento, una herramienta, una
habilidad, una actitud, un estado de ánimo
de conocimiento, una estrategia, pero
también como una manera de comprender la
condición humana” (Dueñas y García
2012:6). Éste acto, oficiado por las comuni-
dades y garantizado por el gobierno, enca-
mina un accionar hacia la colaboración y la
proposición, orientando a dirigir objetivos
sociales.
Institucionalmente el Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la Republica
(DAPRE) hace uso oficial del concepto
constitucional de la participación como:
El derecho que tiene toda persona de expre-
sarse libremente y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir infor-
mación veraz e imparcial, asimismo es el
derecho que tienen todo los ciudadanos de
participar activamente en el proceso de
toma de decisiones que los afecte. (Consti-
tución Política de Colombia 1991:16)
Para ello ha enmarcado la participación
ciudadana dentro de artículos constituciona-
les y leyes, estableciendo el marco jurídico
de participación ciudadana como mecanis-
mo de la ciudadanía para ejercer un derecho
activo y garante de respeto.
Esto de alguna manera ha llevado a la utili-
zación de dispositivos constitucionales de
participación, pero cabe aclarar que la parti-
cipación propuesta anteriormente y que se
referenciará más adelante, es el proceso que
lleva, en cierto grado, a la adquisición de
poder y autogestión, actos de toma de deci-
siones contundentes (Benavides 2008).
Con la aparición del concepto management,
su traducción a recorrido los espacios de
interpretación encontrando así definiciones
de gerencia pública, gestión pública y direc-
ción pública, siendo las dos primeras traduc-
ciones al español, las de uso más frecuente
(Sánchez 2002).
Siguiendo por la misma línea, en Francia
optan por la traducción de gerencia pública y
en España por gestión pública, haciendo que
los latinoamericanos usen de manera indis-
tinta ambas traducciones generando descon-
cierto teórico por los estudiosos de la admi-
nistración pública; Peter Drucker (1987)
encontró indicios del surgimiento del mana-
gement en los espacios militares, en univer-
sidades y las instituciones públicas moder-
nas para ser tomados posteriormente por la
empresa privada. Esto supone un carácter
multifacético de manejo del concepto que no
lo limita a ninguna aplicación operativa y
ninguna situación contextual, sino que por el
contrario, permite ampliar su aplicación a
diferentes sectores (Sánchez 2002).
Ospina (1993), señala que la administración
pública genera un uso pasivo con funciones
más administrativas, relegadas por el siste-
ma capitalista y las funciones políticas del
momento, entendida como disciplina aplica-
da bajo la utilización de conceptos tradicio-
nales de administración.
En cambio la gestión pública, “connota una
orientación más agresiva orientada a la
acción y a la solución creativa de los proble-
mas de la administración dentro de un
contexto de innovación y con la ayuda de
instrumentos racionales” (Ospina 1993:38),
generalizando de alguna manera la mirada y
otorgando procesos de reflexión a los méto-
dos que se llevan a cabo por medio del uso
de la gestión pública, aplicada al saber -
saber y al saber - hacer.
Dado que el concepto también ha sufrido
varias confusiones a la hora de su uso,
debido a las interpretaciones, como gerencia,
o llevada a diferentes instancias con el uso de
la administración como gobernanza o gober-
nabilidad, se proseguirá con las definiciones
anteriormente nombradas, debido a que
institucionalmente también se han estableci-
do varias definiciones para ajustar lo que se
puede interpretar como gestión pública.
Cabe resaltar que los documentos institucio-
nales de gobiernos, como el peruano o el
colombiano, hacen referencia también al uso
indistinto de gestionar y administrar, defi-
niéndolos a ambos como acción y efecto de
la acción, los peruanos entienden adminis-
tración pública, como los procedimientos
que desarrollan los organismos instituciona-
les, públicos o privados que presten un servi-
cio público, dependientes del gobierno;
comprende además de eso los organismos
que desarrollan funciones de interés público,
por lo general los que regulan comporta-
mientos e intereses de la sociedad (Bastidas
y Pisconte 2009).
Colombia refiere al concepto de administra-
ción pública como la actividad que desarro-
llan las entidades públicas gubernamentales
para dar cumplimiento a los objetivos del
estado, involucrándose en la planeación,
ejecución y control de las acciones empren-
didas, permitiendo la toma de decisiones,
organización y operación de las herramien-
tas, para que las decisiones sean puestas en
desarrollo (Alzate 2009).
Al respecto plantea Alzate, que gestión
pública dirigida hacia la obtención de resul-
tados, es para el gobierno colombiano:
La articulación permanente y continua de los
procesos de planeación, ejecución y evalua-
ción de las acciones que el Estado empren-
de, tendientes a dar cumplimiento a los
compromisos democráticamente concerta-
dos y asumidos por los mandatarios electos
para atender de forma integral, oportuna,
transparente y eficiente las necesidades de
la ciudadanía y dar cumplimiento a la
función y competencias encomendadas por
la Constitución y la ley a la Nación y a sus
entidades territoriales. (Alzate 2009:29)
Es por eso que para el gobierno colombiano,
resaltar los resultados obtenidos de las
acciones ejecutadas por la administración,
permite reconocer el proceso “integral, siste-
mático y participativo” (Alzate 2009:29). El
mismo camino recorrido hacia la búsqueda
de resultados y fines, transita el gobierno
peruano, con objetivos trazados hacia la
implementación de la gestión pública, argu-
mentados por acciones de configuración de
espacios institucionales, que permiten
garantizar las formas de actuar del Estado
para la implementación de las políticas,
suministrando así bienes y servicios, con el
objeto de dar cumplimiento a sus funciones
(Bastidas y Pisconte 2009).
Al revisar la forma de entender y poner en
función lo que se define como gestión públi-
ca, nos permite ingresar a los espacios de
participación en los cuales hace injerencia la
comunidad, gestados por los gobiernos en
virtud de sus funciones; la efectividad de
estos espacios se enmarca en la toma de
decisiones que logra la sociedad y que inter-
viene en la confianza de la efectividad de los
mismo por parte de las comunidades.
Una de las garantías que otorga la participa-
ción, está ligada a la vinculación de la ciuda-
danía por medio de espacios de confluencia
social habilitados por los gobiernos, donde
coincidan las ideas que en materia de gobier-
no surgen de la comunidad, además, donde
se legitimen las decisiones institucionales a
través de propuestas sociales. Es un deber
del gobierno abrir espacios de interlocución
y es un derecho de la ciudadanía participar
en estos espacios, generando mecanismos de
apropiación y poder por parte de la comuni-
dad, buscando alcanzar los objetivos esta-
blecidos por el estado, convirtiendo la políti-
ca gubernamental en espacios participativos
y democráticos.
La consolidación de la Red de Campesinos
Veredales, la participación en los CGV
(Centros de Gestión Veredal) y el aprendiza-
je por medio de visitas de experiencias
exitosas en turismo rural y comunitario,
dieron incentivos para crear la Corporación
Campesina Mujer y Tierra, legalmente cons-
tituida en el año 2013, proyecto liderado por
un grupo de campesinas de la vereda la
Requilina, que en el año 2016 desprende la
Fundación Ruta Agroturística La Requilina.
Este proyecto surgió, como primera instan-
cia, para visibilizar las potencialidades del
territorio, además de la búsqueda de alterna-
tivas ambientales sostenibles frente a la
producción limpia de alimentos por medio
de la construcción organizada y planificada,
además, con determinaciones de gestión y
control del territorio; ésta organización
pretende con estas herramientas fortalecer el
sentido socio ambiental y afianzar la identi-
dad territorial campesina en los jóvenes del
sector rural como medio de empoderamiento
y construcción del tejido social.
La Fundación, en un inicio se conformó por
11 campesinas propietarias de fincas, que
por medio de la gestión propia de recursos,
elaboran proyectos autosostenibles para la
realización y conformación de redes de
producción limpia, esto las lleva a desarro-
llar un trabajo de cartografía social liderado
por la misma Fundación, acompañado por
grupos de estudiantes universitarios de las
distintas instituciones de la capital del país
interesadas en el tema.
El mapeo del sector veredal permite consta-
tar la identificación de productos y servicios
que cada una de las fincas puede ofertar en
temas turísticos, construyendo así una ruta
turística y un portafolio de servicios que
consolide la ruta como un movilizador de la
economía local.
El proyecto de la Ruta Agroturística, conso-
lidado por la Fundación, encamino a los
jóvenes del territorio a ser partícipes del
afianzamiento de un producto articulado a
toda la población de la vereda, esto con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos y a permitir el relevo generacio-
nal que se debe dar en los procesos sociales
(Dirven 2002).
La conformación de una ruta llego a instan-
cias institucionales por medio de la partici-
pación en los cabildos y mesas de trabajo
habilitadas para la construcción del Plan de
Desarrollo Distrital (PDD 2012-2015), en
las cuales habían hecho parte las campesinas
usmeñas, ya que además de los espacios de
participación anteriormente nombrados,
también hicieron parte de la Mesa Borde
Rural, un espacio conformado por varias
organizaciones sociales, no solo de la vereda
sino de toda la localidad, conjuntamente con
la localidad de Ciudad Bolívar. Esto permi-
tió proponer, dentro de la agenda pública, la
generación de productos alternos a los agrí-
colas por parte de los campesinos bogota-
nos, haciendo del territorio un espacio
productivo y próspero en materia económi-
ca, social y cultural.
De los espacios de participación ciudadana
propuestos por el gobierno local, además de
la consolidación de otros espacios visibles
por la institucionalidad en materia social y
reconocimiento rural, el Instituto Distrital de
Turismo (IDT) lanzó una convocatoria para
reforzar la idea recogida en las mesas de
trabajo en la elaboración del PDD
2012-2015 (Plan de Desarrollo Distrital), y
así implementar las estrategias de fortaleci-
miento rural de los procesos encaminados
por los campesinos, convocando un grupo
de organizaciones expertas en materia turís-
tica, social y construcción de procesos
comunitarios para ponerse a la tarea de
fortalecer la ruta agroturística adelantada por
las campesinas de la Fundación.
Actualmente, el proceso económico
propuesto por las mismas campesinas de la
vereda Requilina, bajo el agroturismo y la
iniciativa comunitaria, empieza a ser parte
de la dinámica rural; simultáneamente y bajo
este propósito, la ruta se convierte en una
herramienta importante para la lucha contra
la expansión urbana, visualizando y poten-
cializando aún más la ruta agroturística.
Alterno a este proceso, hechos polémicos se
discuten en espacios gubernamentales,
centrados en los campesinos del sur de
Bogotá que se están aglomerando para evitar
que el gobierno local, junto con instituciones
privadas, compren los terrenos que en el
actual Plan de Ordenamiento Territorial ya
tiene definidos como espacios de expansión
urbanas. Estas acciones, que generaron
disturbios, problemáticas sociales, personas
detenidas, impactó de manera negativa a la
comunidad, debido a que nunca habían
optado por este tipo de trámites de resisten-
cia, pero una de las respuestas estaba inmer-
sa en la identidad cultural de cada uno de los
habitantes de la vereda.
Ruta Agroturística La Requilina, actualmen-
te generó iniciativas de resistencia, donde
una de las problemáticas latentes, justo por
su ubicación geográfica, es la de ser inclui-
dos dentro de los espacios delimitados como
zona de expansión urbana, fue detenida al
diferenciar sus prácticas campesinas a
instancias económicas como el turismo,
actividad que llevo a la ruta agroturística a
consolidar no solo el territorio rural, sino las
herramientas de participación y contribución
para generación de nuevas formas de desa-
rrollo.
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
97
La producción agrícola se ha manifestado
como uno de los tránsitos que debe recorrer
el desarrollo rural de las naciones, sostén
alimentario, con el fin de conservar dichos
espacios protegiéndolos y velando por su
conservación de los ambientes naturales
(Naciones Unidas 1992).
Es por eso que en uno de los enfoques mate-
rializados del desarrollo rural, encaminado
bajo la determinación de la revisión teórica
que desde Escobar (2014) o Gudynas (2011)
se pretende abordar, se realizan algunas
aproximaciones desde dos mecanismos dife-
rentes, pero interrelacionados entre sí: la
participación ciudadana y la gestión pública,
como construcción de nuevas formas de
acción en lo que permite el estado local y lo
que la sociedad busca de manera alterna, la
obtención de un espacio en la agenda públi-
ca.
Desde allí la mirada debe ser de manera
retrospectiva, desde los conceptos de partici-
pación y gestión, para lograr un conglomera-
do de sucesos cristalizados en lo que ha sido
la construcción de una ruta turística a favor
de la agricultura y las prácticas identitarias
del campesino, la cultura rural y los meca-
nismo de acceso a la agenda pública desde
los espacios de participación para permitir
otras formas de desarrollar lo rural; mani-
fiesto así, el agroturismo, factor intermedia-
dor entre la conservación de los ecosistemas
rurales y la producción agrícola diferencia-
da.
La Constitución Política de Colombia de
1991, hace un preámbulo dirigido a toda su
población, donde otorga el poder de la repre-
sentación de los mandatarios y bajo el forta-
lecimiento de la unidad nacional por medio
de un marco jurídico democrático y partici-
pativo, la garantía de un orden político
económico y social (Constitución Política de
Colombia 1991). La participación, derivada
de la democracia, es la precisa para generar
un orden social, que permita desarrollar una
nación incluyente y que promueva un
preámbulo a la representación efectiva del
accionar civil.
El artículo 1 y 2 de la constitución también
hacen un llamado a la participación como
Estado social de derecho, con autonomía
desde las organizaciones gubernamentales
descentralizadas, bajo la premisa del respeto
a la dignidad humana, promoviendo a ser
parte de la prosperidad nacional, la conser-
vación y protección del territorio y sus habi-
tantes (Constitución Política de Colombia
1991).
Pero la participación también lleva a revisar
los conceptos académicos que se han desa-
rrollado para garantizar un manejo adecuado
del concepto en términos operativos, ya que
la participación es en sí un verbo de movi-
miento, de acción, de actuar, lo que Rebollo
y Martí (2002) señalan como el medio para
conseguir algo, no la finalidad de algo,
logrando la conformación de acciones para
lograr un objetivo desde la asociatividad,
para el hacer (Dueñas y García 2012).
La participación también ha sido relacionada
con la intervención social en la toma de deci-
siones, donde las personas se agrupan para
desarrollar acciones conjuntas, pasando del
rol de observadores, al de protagonistas del
proceso, personas que promueven el cambio
y que constantemente hacen parte de los
espacios habilitados para proponer y actuar
(Dueñas y García 2012).
Un aspecto importante que siempre se debe
tener en cuenta es la voluntad de las perso-
nas que participan, permitiendo identificar
escalas de participación como un proceso
activo, dinámico, donde las personas, de
acuerdo a los momentos y a las circunstan-
cias, actúan de manera directa o indirecta,
desde estados de ánimo y grados de compro-
miso (Geilfus 1997).
La participación hace del actor un promotor
de acciones y generador de cambios, cons-
truyendo espacios que permiten actuar de
distintas formas hasta lograr procesos de
incidencia política y construcción social,
donde se visibiliza y reconoce también, la
importancia de establecer la mirada hacia las
necesidades sociales.
La participación ciudadana se puede enten-
der como una forma de expresión de cultura
cívica, caracterizada por un compromiso por
lo público, por la comunidad, con responsa-
bilidad y apropiación social (Cordounier
2008).
Debido a esto, también existen otras conjun-
ciones con la palabra participación que
promueve acciones específicas contextuali-
zadas, pero que observando el dinamismo
conceptual, puede llegar a sumarse a lo que
se entiende por participación ciudadana; la
participación social, la participación popu-
lar, la participación comunitaria, encamina-
das hacia el accionar ciudadano, pues de
algún modo, la participación ciudadana ha
sido relegada a hechos políticos y votaciones
electorales.
Participar entonces, es un concepto que
dinamiza varios factores y características
pertinentes a los niveles de participación y a
los espacios en los que se participa, vista
también como “una técnica, un proceso, un
medio, un instrumento, una herramienta, una
habilidad, una actitud, un estado de ánimo
de conocimiento, una estrategia, pero
también como una manera de comprender la
condición humana” (Dueñas y García
2012:6). Éste acto, oficiado por las comuni-
dades y garantizado por el gobierno, enca-
mina un accionar hacia la colaboración y la
proposición, orientando a dirigir objetivos
sociales.
Institucionalmente el Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la Republica
(DAPRE) hace uso oficial del concepto
constitucional de la participación como:
El derecho que tiene toda persona de expre-
sarse libremente y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir infor-
mación veraz e imparcial, asimismo es el
derecho que tienen todo los ciudadanos de
participar activamente en el proceso de
toma de decisiones que los afecte. (Consti-
tución Política de Colombia 1991:16)
Para ello ha enmarcado la participación
ciudadana dentro de artículos constituciona-
les y leyes, estableciendo el marco jurídico
de participación ciudadana como mecanis-
mo de la ciudadanía para ejercer un derecho
activo y garante de respeto.
Esto de alguna manera ha llevado a la utili-
zación de dispositivos constitucionales de
participación, pero cabe aclarar que la parti-
cipación propuesta anteriormente y que se
referenciará más adelante, es el proceso que
lleva, en cierto grado, a la adquisición de
poder y autogestión, actos de toma de deci-
siones contundentes (Benavides 2008).
Con la aparición del concepto management,
su traducción a recorrido los espacios de
interpretación encontrando así definiciones
de gerencia pública, gestión pública y direc-
ción pública, siendo las dos primeras traduc-
ciones al español, las de uso más frecuente
(Sánchez 2002).
Siguiendo por la misma línea, en Francia
optan por la traducción de gerencia pública y
en España por gestión pública, haciendo que
los latinoamericanos usen de manera indis-
tinta ambas traducciones generando descon-
cierto teórico por los estudiosos de la admi-
nistración pública; Peter Drucker (1987)
encontró indicios del surgimiento del mana-
gement en los espacios militares, en univer-
sidades y las instituciones públicas moder-
nas para ser tomados posteriormente por la
empresa privada. Esto supone un carácter
multifacético de manejo del concepto que no
lo limita a ninguna aplicación operativa y
ninguna situación contextual, sino que por el
contrario, permite ampliar su aplicación a
diferentes sectores (Sánchez 2002).
Ospina (1993), señala que la administración
pública genera un uso pasivo con funciones
más administrativas, relegadas por el siste-
ma capitalista y las funciones políticas del
momento, entendida como disciplina aplica-
da bajo la utilización de conceptos tradicio-
nales de administración.
En cambio la gestión pública, “connota una
orientación más agresiva orientada a la
acción y a la solución creativa de los proble-
mas de la administración dentro de un
contexto de innovación y con la ayuda de
instrumentos racionales” (Ospina 1993:38),
generalizando de alguna manera la mirada y
otorgando procesos de reflexión a los méto-
dos que se llevan a cabo por medio del uso
de la gestión pública, aplicada al saber -
saber y al saber - hacer.
Dado que el concepto también ha sufrido
varias confusiones a la hora de su uso,
debido a las interpretaciones, como gerencia,
o llevada a diferentes instancias con el uso de
la administración como gobernanza o gober-
nabilidad, se proseguirá con las definiciones
anteriormente nombradas, debido a que
institucionalmente también se han estableci-
do varias definiciones para ajustar lo que se
puede interpretar como gestión pública.
Cabe resaltar que los documentos institucio-
nales de gobiernos, como el peruano o el
colombiano, hacen referencia también al uso
indistinto de gestionar y administrar, defi-
niéndolos a ambos como acción y efecto de
la acción, los peruanos entienden adminis-
tración pública, como los procedimientos
que desarrollan los organismos instituciona-
les, públicos o privados que presten un servi-
cio público, dependientes del gobierno;
comprende además de eso los organismos
que desarrollan funciones de interés público,
por lo general los que regulan comporta-
mientos e intereses de la sociedad (Bastidas
y Pisconte 2009).
Colombia refiere al concepto de administra-
ción pública como la actividad que desarro-
llan las entidades públicas gubernamentales
para dar cumplimiento a los objetivos del
estado, involucrándose en la planeación,
ejecución y control de las acciones empren-
didas, permitiendo la toma de decisiones,
organización y operación de las herramien-
tas, para que las decisiones sean puestas en
desarrollo (Alzate 2009).
Al respecto plantea Alzate, que gestión
pública dirigida hacia la obtención de resul-
tados, es para el gobierno colombiano:
La articulación permanente y continua de los
procesos de planeación, ejecución y evalua-
ción de las acciones que el Estado empren-
de, tendientes a dar cumplimiento a los
compromisos democráticamente concerta-
dos y asumidos por los mandatarios electos
para atender de forma integral, oportuna,
transparente y eficiente las necesidades de
la ciudadanía y dar cumplimiento a la
función y competencias encomendadas por
la Constitución y la ley a la Nación y a sus
entidades territoriales. (Alzate 2009:29)
Es por eso que para el gobierno colombiano,
resaltar los resultados obtenidos de las
acciones ejecutadas por la administración,
permite reconocer el proceso “integral, siste-
mático y participativo” (Alzate 2009:29). El
mismo camino recorrido hacia la búsqueda
de resultados y fines, transita el gobierno
peruano, con objetivos trazados hacia la
implementación de la gestión pública, argu-
mentados por acciones de configuración de
espacios institucionales, que permiten
garantizar las formas de actuar del Estado
para la implementación de las políticas,
suministrando así bienes y servicios, con el
objeto de dar cumplimiento a sus funciones
(Bastidas y Pisconte 2009).
Al revisar la forma de entender y poner en
función lo que se define como gestión públi-
ca, nos permite ingresar a los espacios de
participación en los cuales hace injerencia la
comunidad, gestados por los gobiernos en
virtud de sus funciones; la efectividad de
estos espacios se enmarca en la toma de
decisiones que logra la sociedad y que inter-
viene en la confianza de la efectividad de los
mismo por parte de las comunidades.
Una de las garantías que otorga la participa-
ción, está ligada a la vinculación de la ciuda-
danía por medio de espacios de confluencia
social habilitados por los gobiernos, donde
coincidan las ideas que en materia de gobier-
no surgen de la comunidad, además, donde
se legitimen las decisiones institucionales a
través de propuestas sociales. Es un deber
del gobierno abrir espacios de interlocución
y es un derecho de la ciudadanía participar
en estos espacios, generando mecanismos de
apropiación y poder por parte de la comuni-
dad, buscando alcanzar los objetivos esta-
blecidos por el estado, convirtiendo la políti-
ca gubernamental en espacios participativos
y democráticos.
La consolidación de la Red de Campesinos
Veredales, la participación en los CGV
(Centros de Gestión Veredal) y el aprendiza-
je por medio de visitas de experiencias
exitosas en turismo rural y comunitario,
dieron incentivos para crear la Corporación
Campesina Mujer y Tierra, legalmente cons-
tituida en el año 2013, proyecto liderado por
un grupo de campesinas de la vereda la
Requilina, que en el año 2016 desprende la
Fundación Ruta Agroturística La Requilina.
Este proyecto surgió, como primera instan-
cia, para visibilizar las potencialidades del
territorio, además de la búsqueda de alterna-
tivas ambientales sostenibles frente a la
producción limpia de alimentos por medio
de la construcción organizada y planificada,
además, con determinaciones de gestión y
control del territorio; ésta organización
pretende con estas herramientas fortalecer el
sentido socio ambiental y afianzar la identi-
dad territorial campesina en los jóvenes del
sector rural como medio de empoderamiento
y construcción del tejido social.
La Fundación, en un inicio se conformó por
11 campesinas propietarias de fincas, que
por medio de la gestión propia de recursos,
elaboran proyectos autosostenibles para la
realización y conformación de redes de
producción limpia, esto las lleva a desarro-
llar un trabajo de cartografía social liderado
por la misma Fundación, acompañado por
grupos de estudiantes universitarios de las
distintas instituciones de la capital del país
interesadas en el tema.
El mapeo del sector veredal permite consta-
tar la identificación de productos y servicios
que cada una de las fincas puede ofertar en
temas turísticos, construyendo así una ruta
turística y un portafolio de servicios que
consolide la ruta como un movilizador de la
economía local.
El proyecto de la Ruta Agroturística, conso-
lidado por la Fundación, encamino a los
jóvenes del territorio a ser partícipes del
afianzamiento de un producto articulado a
toda la población de la vereda, esto con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos y a permitir el relevo generacio-
nal que se debe dar en los procesos sociales
(Dirven 2002).
La conformación de una ruta llego a instan-
cias institucionales por medio de la partici-
pación en los cabildos y mesas de trabajo
habilitadas para la construcción del Plan de
Desarrollo Distrital (PDD 2012-2015), en
las cuales habían hecho parte las campesinas
usmeñas, ya que además de los espacios de
participación anteriormente nombrados,
también hicieron parte de la Mesa Borde
Rural, un espacio conformado por varias
organizaciones sociales, no solo de la vereda
sino de toda la localidad, conjuntamente con
la localidad de Ciudad Bolívar. Esto permi-
tió proponer, dentro de la agenda pública, la
generación de productos alternos a los agrí-
colas por parte de los campesinos bogota-
nos, haciendo del territorio un espacio
productivo y próspero en materia económi-
ca, social y cultural.
De los espacios de participación ciudadana
propuestos por el gobierno local, además de
la consolidación de otros espacios visibles
por la institucionalidad en materia social y
reconocimiento rural, el Instituto Distrital de
Turismo (IDT) lanzó una convocatoria para
reforzar la idea recogida en las mesas de
trabajo en la elaboración del PDD
2012-2015 (Plan de Desarrollo Distrital), y
así implementar las estrategias de fortaleci-
miento rural de los procesos encaminados
por los campesinos, convocando un grupo
de organizaciones expertas en materia turís-
tica, social y construcción de procesos
comunitarios para ponerse a la tarea de
fortalecer la ruta agroturística adelantada por
las campesinas de la Fundación.
Actualmente, el proceso económico
propuesto por las mismas campesinas de la
vereda Requilina, bajo el agroturismo y la
iniciativa comunitaria, empieza a ser parte
de la dinámica rural; simultáneamente y bajo
este propósito, la ruta se convierte en una
herramienta importante para la lucha contra
la expansión urbana, visualizando y poten-
cializando aún más la ruta agroturística.
Alterno a este proceso, hechos polémicos se
discuten en espacios gubernamentales,
centrados en los campesinos del sur de
Bogotá que se están aglomerando para evitar
que el gobierno local, junto con instituciones
privadas, compren los terrenos que en el
actual Plan de Ordenamiento Territorial ya
tiene definidos como espacios de expansión
urbanas. Estas acciones, que generaron
disturbios, problemáticas sociales, personas
detenidas, impactó de manera negativa a la
comunidad, debido a que nunca habían
optado por este tipo de trámites de resisten-
cia, pero una de las respuestas estaba inmer-
sa en la identidad cultural de cada uno de los
habitantes de la vereda.
Ruta Agroturística La Requilina, actualmen-
te generó iniciativas de resistencia, donde
una de las problemáticas latentes, justo por
su ubicación geográfica, es la de ser inclui-
dos dentro de los espacios delimitados como
zona de expansión urbana, fue detenida al
diferenciar sus prácticas campesinas a
instancias económicas como el turismo,
actividad que llevo a la ruta agroturística a
consolidar no solo el territorio rural, sino las
herramientas de participación y contribución
para generación de nuevas formas de desa-
rrollo.
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
98
La producción agrícola se ha manifestado
como uno de los tránsitos que debe recorrer
el desarrollo rural de las naciones, sostén
alimentario, con el fin de conservar dichos
espacios protegiéndolos y velando por su
conservación de los ambientes naturales
(Naciones Unidas 1992).
Es por eso que en uno de los enfoques mate-
rializados del desarrollo rural, encaminado
bajo la determinación de la revisión teórica
que desde Escobar (2014) o Gudynas (2011)
se pretende abordar, se realizan algunas
aproximaciones desde dos mecanismos dife-
rentes, pero interrelacionados entre sí: la
participación ciudadana y la gestión pública,
como construcción de nuevas formas de
acción en lo que permite el estado local y lo
que la sociedad busca de manera alterna, la
obtención de un espacio en la agenda públi-
ca.
Desde allí la mirada debe ser de manera
retrospectiva, desde los conceptos de partici-
pación y gestión, para lograr un conglomera-
do de sucesos cristalizados en lo que ha sido
la construcción de una ruta turística a favor
de la agricultura y las prácticas identitarias
del campesino, la cultura rural y los meca-
nismo de acceso a la agenda pública desde
los espacios de participación para permitir
otras formas de desarrollar lo rural; mani-
fiesto así, el agroturismo, factor intermedia-
dor entre la conservación de los ecosistemas
rurales y la producción agrícola diferencia-
da.
La Constitución Política de Colombia de
1991, hace un preámbulo dirigido a toda su
población, donde otorga el poder de la repre-
sentación de los mandatarios y bajo el forta-
lecimiento de la unidad nacional por medio
de un marco jurídico democrático y partici-
pativo, la garantía de un orden político
económico y social (Constitución Política de
Colombia 1991). La participación, derivada
de la democracia, es la precisa para generar
un orden social, que permita desarrollar una
nación incluyente y que promueva un
preámbulo a la representación efectiva del
accionar civil.
El artículo 1 y 2 de la constitución también
hacen un llamado a la participación como
Estado social de derecho, con autonomía
desde las organizaciones gubernamentales
descentralizadas, bajo la premisa del respeto
a la dignidad humana, promoviendo a ser
parte de la prosperidad nacional, la conser-
vación y protección del territorio y sus habi-
tantes (Constitución Política de Colombia
1991).
Pero la participación también lleva a revisar
los conceptos académicos que se han desa-
rrollado para garantizar un manejo adecuado
del concepto en términos operativos, ya que
la participación es en sí un verbo de movi-
miento, de acción, de actuar, lo que Rebollo
y Martí (2002) señalan como el medio para
conseguir algo, no la finalidad de algo,
logrando la conformación de acciones para
lograr un objetivo desde la asociatividad,
para el hacer (Dueñas y García 2012).
La participación también ha sido relacionada
con la intervención social en la toma de deci-
siones, donde las personas se agrupan para
desarrollar acciones conjuntas, pasando del
rol de observadores, al de protagonistas del
proceso, personas que promueven el cambio
y que constantemente hacen parte de los
espacios habilitados para proponer y actuar
(Dueñas y García 2012).
Un aspecto importante que siempre se debe
tener en cuenta es la voluntad de las perso-
nas que participan, permitiendo identificar
escalas de participación como un proceso
activo, dinámico, donde las personas, de
acuerdo a los momentos y a las circunstan-
cias, actúan de manera directa o indirecta,
desde estados de ánimo y grados de compro-
miso (Geilfus 1997).
La participación hace del actor un promotor
de acciones y generador de cambios, cons-
truyendo espacios que permiten actuar de
distintas formas hasta lograr procesos de
incidencia política y construcción social,
donde se visibiliza y reconoce también, la
importancia de establecer la mirada hacia las
necesidades sociales.
La participación ciudadana se puede enten-
der como una forma de expresión de cultura
cívica, caracterizada por un compromiso por
lo público, por la comunidad, con responsa-
bilidad y apropiación social (Cordounier
2008).
Debido a esto, también existen otras conjun-
ciones con la palabra participación que
promueve acciones específicas contextuali-
zadas, pero que observando el dinamismo
conceptual, puede llegar a sumarse a lo que
se entiende por participación ciudadana; la
participación social, la participación popu-
lar, la participación comunitaria, encamina-
das hacia el accionar ciudadano, pues de
algún modo, la participación ciudadana ha
sido relegada a hechos políticos y votaciones
electorales.
Participar entonces, es un concepto que
dinamiza varios factores y características
pertinentes a los niveles de participación y a
los espacios en los que se participa, vista
también como “una técnica, un proceso, un
medio, un instrumento, una herramienta, una
habilidad, una actitud, un estado de ánimo
de conocimiento, una estrategia, pero
también como una manera de comprender la
condición humana” (Dueñas y García
2012:6). Éste acto, oficiado por las comuni-
dades y garantizado por el gobierno, enca-
mina un accionar hacia la colaboración y la
proposición, orientando a dirigir objetivos
sociales.
Institucionalmente el Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la Republica
(DAPRE) hace uso oficial del concepto
constitucional de la participación como:
El derecho que tiene toda persona de expre-
sarse libremente y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir infor-
mación veraz e imparcial, asimismo es el
derecho que tienen todo los ciudadanos de
participar activamente en el proceso de
toma de decisiones que los afecte. (Consti-
tución Política de Colombia 1991:16)
Para ello ha enmarcado la participación
ciudadana dentro de artículos constituciona-
les y leyes, estableciendo el marco jurídico
de participación ciudadana como mecanis-
mo de la ciudadanía para ejercer un derecho
activo y garante de respeto.
Esto de alguna manera ha llevado a la utili-
zación de dispositivos constitucionales de
participación, pero cabe aclarar que la parti-
cipación propuesta anteriormente y que se
referenciará más adelante, es el proceso que
lleva, en cierto grado, a la adquisición de
poder y autogestión, actos de toma de deci-
siones contundentes (Benavides 2008).
Con la aparición del concepto management,
su traducción a recorrido los espacios de
interpretación encontrando así definiciones
de gerencia pública, gestión pública y direc-
ción pública, siendo las dos primeras traduc-
ciones al español, las de uso más frecuente
(Sánchez 2002).
Siguiendo por la misma línea, en Francia
optan por la traducción de gerencia pública y
en España por gestión pública, haciendo que
los latinoamericanos usen de manera indis-
tinta ambas traducciones generando descon-
cierto teórico por los estudiosos de la admi-
nistración pública; Peter Drucker (1987)
encontró indicios del surgimiento del mana-
gement en los espacios militares, en univer-
sidades y las instituciones públicas moder-
nas para ser tomados posteriormente por la
empresa privada. Esto supone un carácter
multifacético de manejo del concepto que no
lo limita a ninguna aplicación operativa y
ninguna situación contextual, sino que por el
contrario, permite ampliar su aplicación a
diferentes sectores (Sánchez 2002).
Ospina (1993), señala que la administración
pública genera un uso pasivo con funciones
más administrativas, relegadas por el siste-
ma capitalista y las funciones políticas del
momento, entendida como disciplina aplica-
da bajo la utilización de conceptos tradicio-
nales de administración.
En cambio la gestión pública, “connota una
orientación más agresiva orientada a la
acción y a la solución creativa de los proble-
mas de la administración dentro de un
contexto de innovación y con la ayuda de
instrumentos racionales” (Ospina 1993:38),
generalizando de alguna manera la mirada y
otorgando procesos de reflexión a los méto-
dos que se llevan a cabo por medio del uso
de la gestión pública, aplicada al saber -
saber y al saber - hacer.
Dado que el concepto también ha sufrido
varias confusiones a la hora de su uso,
debido a las interpretaciones, como gerencia,
o llevada a diferentes instancias con el uso de
la administración como gobernanza o gober-
nabilidad, se proseguirá con las definiciones
anteriormente nombradas, debido a que
institucionalmente también se han estableci-
do varias definiciones para ajustar lo que se
puede interpretar como gestión pública.
Cabe resaltar que los documentos institucio-
nales de gobiernos, como el peruano o el
colombiano, hacen referencia también al uso
indistinto de gestionar y administrar, defi-
niéndolos a ambos como acción y efecto de
la acción, los peruanos entienden adminis-
tración pública, como los procedimientos
que desarrollan los organismos instituciona-
les, públicos o privados que presten un servi-
cio público, dependientes del gobierno;
comprende además de eso los organismos
que desarrollan funciones de interés público,
por lo general los que regulan comporta-
mientos e intereses de la sociedad (Bastidas
y Pisconte 2009).
Colombia refiere al concepto de administra-
ción pública como la actividad que desarro-
llan las entidades públicas gubernamentales
para dar cumplimiento a los objetivos del
estado, involucrándose en la planeación,
ejecución y control de las acciones empren-
didas, permitiendo la toma de decisiones,
organización y operación de las herramien-
tas, para que las decisiones sean puestas en
desarrollo (Alzate 2009).
Al respecto plantea Alzate, que gestión
pública dirigida hacia la obtención de resul-
tados, es para el gobierno colombiano:
La articulación permanente y continua de los
procesos de planeación, ejecución y evalua-
ción de las acciones que el Estado empren-
de, tendientes a dar cumplimiento a los
compromisos democráticamente concerta-
dos y asumidos por los mandatarios electos
para atender de forma integral, oportuna,
transparente y eficiente las necesidades de
la ciudadanía y dar cumplimiento a la
función y competencias encomendadas por
la Constitución y la ley a la Nación y a sus
entidades territoriales. (Alzate 2009:29)
Es por eso que para el gobierno colombiano,
resaltar los resultados obtenidos de las
acciones ejecutadas por la administración,
permite reconocer el proceso “integral, siste-
mático y participativo” (Alzate 2009:29). El
mismo camino recorrido hacia la búsqueda
de resultados y fines, transita el gobierno
peruano, con objetivos trazados hacia la
implementación de la gestión pública, argu-
mentados por acciones de configuración de
espacios institucionales, que permiten
garantizar las formas de actuar del Estado
para la implementación de las políticas,
suministrando así bienes y servicios, con el
objeto de dar cumplimiento a sus funciones
(Bastidas y Pisconte 2009).
Al revisar la forma de entender y poner en
función lo que se define como gestión públi-
ca, nos permite ingresar a los espacios de
participación en los cuales hace injerencia la
comunidad, gestados por los gobiernos en
virtud de sus funciones; la efectividad de
estos espacios se enmarca en la toma de
decisiones que logra la sociedad y que inter-
viene en la confianza de la efectividad de los
mismo por parte de las comunidades.
Una de las garantías que otorga la participa-
ción, está ligada a la vinculación de la ciuda-
danía por medio de espacios de confluencia
social habilitados por los gobiernos, donde
coincidan las ideas que en materia de gobier-
no surgen de la comunidad, además, donde
se legitimen las decisiones institucionales a
través de propuestas sociales. Es un deber
del gobierno abrir espacios de interlocución
y es un derecho de la ciudadanía participar
en estos espacios, generando mecanismos de
apropiación y poder por parte de la comuni-
dad, buscando alcanzar los objetivos esta-
blecidos por el estado, convirtiendo la políti-
ca gubernamental en espacios participativos
y democráticos.
La consolidación de la Red de Campesinos
Veredales, la participación en los CGV
(Centros de Gestión Veredal) y el aprendiza-
je por medio de visitas de experiencias
exitosas en turismo rural y comunitario,
dieron incentivos para crear la Corporación
Campesina Mujer y Tierra, legalmente cons-
tituida en el año 2013, proyecto liderado por
un grupo de campesinas de la vereda la
Requilina, que en el año 2016 desprende la
Fundación Ruta Agroturística La Requilina.
Este proyecto surgió, como primera instan-
cia, para visibilizar las potencialidades del
territorio, además de la búsqueda de alterna-
tivas ambientales sostenibles frente a la
producción limpia de alimentos por medio
de la construcción organizada y planificada,
además, con determinaciones de gestión y
control del territorio; ésta organización
pretende con estas herramientas fortalecer el
sentido socio ambiental y afianzar la identi-
dad territorial campesina en los jóvenes del
sector rural como medio de empoderamiento
y construcción del tejido social.
La Fundación, en un inicio se conformó por
11 campesinas propietarias de fincas, que
por medio de la gestión propia de recursos,
elaboran proyectos autosostenibles para la
realización y conformación de redes de
producción limpia, esto las lleva a desarro-
llar un trabajo de cartografía social liderado
por la misma Fundación, acompañado por
grupos de estudiantes universitarios de las
distintas instituciones de la capital del país
interesadas en el tema.
El mapeo del sector veredal permite consta-
tar la identificación de productos y servicios
que cada una de las fincas puede ofertar en
temas turísticos, construyendo así una ruta
turística y un portafolio de servicios que
consolide la ruta como un movilizador de la
economía local.
El proyecto de la Ruta Agroturística, conso-
lidado por la Fundación, encamino a los
jóvenes del territorio a ser partícipes del
afianzamiento de un producto articulado a
toda la población de la vereda, esto con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos y a permitir el relevo generacio-
nal que se debe dar en los procesos sociales
(Dirven 2002).
La conformación de una ruta llego a instan-
cias institucionales por medio de la partici-
pación en los cabildos y mesas de trabajo
habilitadas para la construcción del Plan de
Desarrollo Distrital (PDD 2012-2015), en
las cuales habían hecho parte las campesinas
usmeñas, ya que además de los espacios de
participación anteriormente nombrados,
también hicieron parte de la Mesa Borde
Rural, un espacio conformado por varias
organizaciones sociales, no solo de la vereda
sino de toda la localidad, conjuntamente con
la localidad de Ciudad Bolívar. Esto permi-
tió proponer, dentro de la agenda pública, la
generación de productos alternos a los agrí-
colas por parte de los campesinos bogota-
nos, haciendo del territorio un espacio
productivo y próspero en materia económi-
ca, social y cultural.
De los espacios de participación ciudadana
propuestos por el gobierno local, además de
la consolidación de otros espacios visibles
por la institucionalidad en materia social y
reconocimiento rural, el Instituto Distrital de
Turismo (IDT) lanzó una convocatoria para
reforzar la idea recogida en las mesas de
trabajo en la elaboración del PDD
2012-2015 (Plan de Desarrollo Distrital), y
así implementar las estrategias de fortaleci-
miento rural de los procesos encaminados
por los campesinos, convocando un grupo
de organizaciones expertas en materia turís-
tica, social y construcción de procesos
comunitarios para ponerse a la tarea de
fortalecer la ruta agroturística adelantada por
las campesinas de la Fundación.
Actualmente, el proceso económico
propuesto por las mismas campesinas de la
vereda Requilina, bajo el agroturismo y la
iniciativa comunitaria, empieza a ser parte
de la dinámica rural; simultáneamente y bajo
este propósito, la ruta se convierte en una
herramienta importante para la lucha contra
la expansión urbana, visualizando y poten-
cializando aún más la ruta agroturística.
Alterno a este proceso, hechos polémicos se
discuten en espacios gubernamentales,
centrados en los campesinos del sur de
Bogotá que se están aglomerando para evitar
que el gobierno local, junto con instituciones
privadas, compren los terrenos que en el
actual Plan de Ordenamiento Territorial ya
tiene definidos como espacios de expansión
urbanas. Estas acciones, que generaron
disturbios, problemáticas sociales, personas
detenidas, impactó de manera negativa a la
comunidad, debido a que nunca habían
optado por este tipo de trámites de resisten-
cia, pero una de las respuestas estaba inmer-
sa en la identidad cultural de cada uno de los
habitantes de la vereda.
Ruta Agroturística La Requilina, actualmen-
te generó iniciativas de resistencia, donde
una de las problemáticas latentes, justo por
su ubicación geográfica, es la de ser inclui-
dos dentro de los espacios delimitados como
zona de expansión urbana, fue detenida al
diferenciar sus prácticas campesinas a
instancias económicas como el turismo,
actividad que llevo a la ruta agroturística a
consolidar no solo el territorio rural, sino las
herramientas de participación y contribución
para generación de nuevas formas de desa-
rrollo.
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
99
La producción agrícola se ha manifestado
como uno de los tránsitos que debe recorrer
el desarrollo rural de las naciones, sostén
alimentario, con el fin de conservar dichos
espacios protegiéndolos y velando por su
conservación de los ambientes naturales
(Naciones Unidas 1992).
Es por eso que en uno de los enfoques mate-
rializados del desarrollo rural, encaminado
bajo la determinación de la revisión teórica
que desde Escobar (2014) o Gudynas (2011)
se pretende abordar, se realizan algunas
aproximaciones desde dos mecanismos dife-
rentes, pero interrelacionados entre sí: la
participación ciudadana y la gestión pública,
como construcción de nuevas formas de
acción en lo que permite el estado local y lo
que la sociedad busca de manera alterna, la
obtención de un espacio en la agenda públi-
ca.
Desde allí la mirada debe ser de manera
retrospectiva, desde los conceptos de partici-
pación y gestión, para lograr un conglomera-
do de sucesos cristalizados en lo que ha sido
la construcción de una ruta turística a favor
de la agricultura y las prácticas identitarias
del campesino, la cultura rural y los meca-
nismo de acceso a la agenda pública desde
los espacios de participación para permitir
otras formas de desarrollar lo rural; mani-
fiesto así, el agroturismo, factor intermedia-
dor entre la conservación de los ecosistemas
rurales y la producción agrícola diferencia-
da.
La Constitución Política de Colombia de
1991, hace un preámbulo dirigido a toda su
población, donde otorga el poder de la repre-
sentación de los mandatarios y bajo el forta-
lecimiento de la unidad nacional por medio
de un marco jurídico democrático y partici-
pativo, la garantía de un orden político
económico y social (Constitución Política de
Colombia 1991). La participación, derivada
de la democracia, es la precisa para generar
un orden social, que permita desarrollar una
nación incluyente y que promueva un
preámbulo a la representación efectiva del
accionar civil.
El artículo 1 y 2 de la constitución también
hacen un llamado a la participación como
Estado social de derecho, con autonomía
desde las organizaciones gubernamentales
descentralizadas, bajo la premisa del respeto
a la dignidad humana, promoviendo a ser
parte de la prosperidad nacional, la conser-
vación y protección del territorio y sus habi-
tantes (Constitución Política de Colombia
1991).
Pero la participación también lleva a revisar
los conceptos académicos que se han desa-
rrollado para garantizar un manejo adecuado
del concepto en términos operativos, ya que
la participación es en sí un verbo de movi-
miento, de acción, de actuar, lo que Rebollo
y Martí (2002) señalan como el medio para
conseguir algo, no la finalidad de algo,
logrando la conformación de acciones para
lograr un objetivo desde la asociatividad,
para el hacer (Dueñas y García 2012).
La participación también ha sido relacionada
con la intervención social en la toma de deci-
siones, donde las personas se agrupan para
desarrollar acciones conjuntas, pasando del
rol de observadores, al de protagonistas del
proceso, personas que promueven el cambio
y que constantemente hacen parte de los
espacios habilitados para proponer y actuar
(Dueñas y García 2012).
Un aspecto importante que siempre se debe
tener en cuenta es la voluntad de las perso-
nas que participan, permitiendo identificar
escalas de participación como un proceso
activo, dinámico, donde las personas, de
acuerdo a los momentos y a las circunstan-
cias, actúan de manera directa o indirecta,
desde estados de ánimo y grados de compro-
miso (Geilfus 1997).
La participación hace del actor un promotor
de acciones y generador de cambios, cons-
truyendo espacios que permiten actuar de
distintas formas hasta lograr procesos de
incidencia política y construcción social,
donde se visibiliza y reconoce también, la
importancia de establecer la mirada hacia las
necesidades sociales.
La participación ciudadana se puede enten-
der como una forma de expresión de cultura
cívica, caracterizada por un compromiso por
lo público, por la comunidad, con responsa-
bilidad y apropiación social (Cordounier
2008).
Debido a esto, también existen otras conjun-
ciones con la palabra participación que
promueve acciones específicas contextuali-
zadas, pero que observando el dinamismo
conceptual, puede llegar a sumarse a lo que
se entiende por participación ciudadana; la
participación social, la participación popu-
lar, la participación comunitaria, encamina-
das hacia el accionar ciudadano, pues de
algún modo, la participación ciudadana ha
sido relegada a hechos políticos y votaciones
electorales.
Participar entonces, es un concepto que
dinamiza varios factores y características
pertinentes a los niveles de participación y a
los espacios en los que se participa, vista
también como “una técnica, un proceso, un
medio, un instrumento, una herramienta, una
habilidad, una actitud, un estado de ánimo
de conocimiento, una estrategia, pero
también como una manera de comprender la
condición humana” (Dueñas y García
2012:6). Éste acto, oficiado por las comuni-
dades y garantizado por el gobierno, enca-
mina un accionar hacia la colaboración y la
proposición, orientando a dirigir objetivos
sociales.
Institucionalmente el Departamento Admi-
nistrativo de la Presidencia de la Republica
(DAPRE) hace uso oficial del concepto
constitucional de la participación como:
El derecho que tiene toda persona de expre-
sarse libremente y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir infor-
mación veraz e imparcial, asimismo es el
derecho que tienen todo los ciudadanos de
participar activamente en el proceso de
toma de decisiones que los afecte. (Consti-
tución Política de Colombia 1991:16)
Para ello ha enmarcado la participación
ciudadana dentro de artículos constituciona-
les y leyes, estableciendo el marco jurídico
de participación ciudadana como mecanis-
mo de la ciudadanía para ejercer un derecho
activo y garante de respeto.
Esto de alguna manera ha llevado a la utili-
zación de dispositivos constitucionales de
participación, pero cabe aclarar que la parti-
cipación propuesta anteriormente y que se
referenciará más adelante, es el proceso que
lleva, en cierto grado, a la adquisición de
poder y autogestión, actos de toma de deci-
siones contundentes (Benavides 2008).
Con la aparición del concepto management,
su traducción a recorrido los espacios de
interpretación encontrando así definiciones
de gerencia pública, gestión pública y direc-
ción pública, siendo las dos primeras traduc-
ciones al español, las de uso más frecuente
(Sánchez 2002).
Siguiendo por la misma línea, en Francia
optan por la traducción de gerencia pública y
en España por gestión pública, haciendo que
los latinoamericanos usen de manera indis-
tinta ambas traducciones generando descon-
cierto teórico por los estudiosos de la admi-
nistración pública; Peter Drucker (1987)
encontró indicios del surgimiento del mana-
gement en los espacios militares, en univer-
sidades y las instituciones públicas moder-
nas para ser tomados posteriormente por la
empresa privada. Esto supone un carácter
multifacético de manejo del concepto que no
lo limita a ninguna aplicación operativa y
ninguna situación contextual, sino que por el
contrario, permite ampliar su aplicación a
diferentes sectores (Sánchez 2002).
Ospina (1993), señala que la administración
pública genera un uso pasivo con funciones
más administrativas, relegadas por el siste-
ma capitalista y las funciones políticas del
momento, entendida como disciplina aplica-
da bajo la utilización de conceptos tradicio-
nales de administración.
En cambio la gestión pública, “connota una
orientación más agresiva orientada a la
acción y a la solución creativa de los proble-
mas de la administración dentro de un
contexto de innovación y con la ayuda de
instrumentos racionales” (Ospina 1993:38),
generalizando de alguna manera la mirada y
otorgando procesos de reflexión a los méto-
dos que se llevan a cabo por medio del uso
de la gestión pública, aplicada al saber -
saber y al saber - hacer.
Dado que el concepto también ha sufrido
varias confusiones a la hora de su uso,
debido a las interpretaciones, como gerencia,
o llevada a diferentes instancias con el uso de
la administración como gobernanza o gober-
nabilidad, se proseguirá con las definiciones
anteriormente nombradas, debido a que
institucionalmente también se han estableci-
do varias definiciones para ajustar lo que se
puede interpretar como gestión pública.
Cabe resaltar que los documentos institucio-
nales de gobiernos, como el peruano o el
colombiano, hacen referencia también al uso
indistinto de gestionar y administrar, defi-
niéndolos a ambos como acción y efecto de
la acción, los peruanos entienden adminis-
tración pública, como los procedimientos
que desarrollan los organismos instituciona-
les, públicos o privados que presten un servi-
cio público, dependientes del gobierno;
comprende además de eso los organismos
que desarrollan funciones de interés público,
por lo general los que regulan comporta-
mientos e intereses de la sociedad (Bastidas
y Pisconte 2009).
Colombia refiere al concepto de administra-
ción pública como la actividad que desarro-
llan las entidades públicas gubernamentales
para dar cumplimiento a los objetivos del
estado, involucrándose en la planeación,
ejecución y control de las acciones empren-
didas, permitiendo la toma de decisiones,
organización y operación de las herramien-
tas, para que las decisiones sean puestas en
desarrollo (Alzate 2009).
Al respecto plantea Alzate, que gestión
pública dirigida hacia la obtención de resul-
tados, es para el gobierno colombiano:
La articulación permanente y continua de los
procesos de planeación, ejecución y evalua-
ción de las acciones que el Estado empren-
de, tendientes a dar cumplimiento a los
compromisos democráticamente concerta-
dos y asumidos por los mandatarios electos
para atender de forma integral, oportuna,
transparente y eficiente las necesidades de
la ciudadanía y dar cumplimiento a la
función y competencias encomendadas por
la Constitución y la ley a la Nación y a sus
entidades territoriales. (Alzate 2009:29)
Es por eso que para el gobierno colombiano,
resaltar los resultados obtenidos de las
acciones ejecutadas por la administración,
permite reconocer el proceso “integral, siste-
mático y participativo” (Alzate 2009:29). El
mismo camino recorrido hacia la búsqueda
de resultados y fines, transita el gobierno
peruano, con objetivos trazados hacia la
implementación de la gestión pública, argu-
mentados por acciones de configuración de
espacios institucionales, que permiten
garantizar las formas de actuar del Estado
para la implementación de las políticas,
suministrando así bienes y servicios, con el
objeto de dar cumplimiento a sus funciones
(Bastidas y Pisconte 2009).
Al revisar la forma de entender y poner en
función lo que se define como gestión públi-
ca, nos permite ingresar a los espacios de
participación en los cuales hace injerencia la
comunidad, gestados por los gobiernos en
virtud de sus funciones; la efectividad de
estos espacios se enmarca en la toma de
decisiones que logra la sociedad y que inter-
viene en la confianza de la efectividad de los
mismo por parte de las comunidades.
Una de las garantías que otorga la participa-
ción, está ligada a la vinculación de la ciuda-
danía por medio de espacios de confluencia
social habilitados por los gobiernos, donde
coincidan las ideas que en materia de gobier-
no surgen de la comunidad, además, donde
se legitimen las decisiones institucionales a
través de propuestas sociales. Es un deber
del gobierno abrir espacios de interlocución
y es un derecho de la ciudadanía participar
en estos espacios, generando mecanismos de
apropiación y poder por parte de la comuni-
dad, buscando alcanzar los objetivos esta-
blecidos por el estado, convirtiendo la políti-
ca gubernamental en espacios participativos
y democráticos.
La consolidación de la Red de Campesinos
Veredales, la participación en los CGV
(Centros de Gestión Veredal) y el aprendiza-
je por medio de visitas de experiencias
exitosas en turismo rural y comunitario,
dieron incentivos para crear la Corporación
Campesina Mujer y Tierra, legalmente cons-
tituida en el año 2013, proyecto liderado por
un grupo de campesinas de la vereda la
Requilina, que en el año 2016 desprende la
Fundación Ruta Agroturística La Requilina.
Este proyecto surgió, como primera instan-
cia, para visibilizar las potencialidades del
territorio, además de la búsqueda de alterna-
tivas ambientales sostenibles frente a la
producción limpia de alimentos por medio
de la construcción organizada y planificada,
además, con determinaciones de gestión y
control del territorio; ésta organización
pretende con estas herramientas fortalecer el
sentido socio ambiental y afianzar la identi-
dad territorial campesina en los jóvenes del
sector rural como medio de empoderamiento
y construcción del tejido social.
La Fundación, en un inicio se conformó por
11 campesinas propietarias de fincas, que
por medio de la gestión propia de recursos,
elaboran proyectos autosostenibles para la
realización y conformación de redes de
producción limpia, esto las lleva a desarro-
llar un trabajo de cartografía social liderado
por la misma Fundación, acompañado por
grupos de estudiantes universitarios de las
distintas instituciones de la capital del país
interesadas en el tema.
El mapeo del sector veredal permite consta-
tar la identificación de productos y servicios
que cada una de las fincas puede ofertar en
temas turísticos, construyendo así una ruta
turística y un portafolio de servicios que
consolide la ruta como un movilizador de la
economía local.
El proyecto de la Ruta Agroturística, conso-
lidado por la Fundación, encamino a los
jóvenes del territorio a ser partícipes del
afianzamiento de un producto articulado a
toda la población de la vereda, esto con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos y a permitir el relevo generacio-
nal que se debe dar en los procesos sociales
(Dirven 2002).
La conformación de una ruta llego a instan-
cias institucionales por medio de la partici-
pación en los cabildos y mesas de trabajo
habilitadas para la construcción del Plan de
Desarrollo Distrital (PDD 2012-2015), en
las cuales habían hecho parte las campesinas
usmeñas, ya que además de los espacios de
participación anteriormente nombrados,
también hicieron parte de la Mesa Borde
Rural, un espacio conformado por varias
organizaciones sociales, no solo de la vereda
sino de toda la localidad, conjuntamente con
la localidad de Ciudad Bolívar. Esto permi-
tió proponer, dentro de la agenda pública, la
generación de productos alternos a los agrí-
colas por parte de los campesinos bogota-
nos, haciendo del territorio un espacio
productivo y próspero en materia económi-
ca, social y cultural.
De los espacios de participación ciudadana
propuestos por el gobierno local, además de
la consolidación de otros espacios visibles
por la institucionalidad en materia social y
reconocimiento rural, el Instituto Distrital de
Turismo (IDT) lanzó una convocatoria para
reforzar la idea recogida en las mesas de
trabajo en la elaboración del PDD
2012-2015 (Plan de Desarrollo Distrital), y
así implementar las estrategias de fortaleci-
miento rural de los procesos encaminados
por los campesinos, convocando un grupo
de organizaciones expertas en materia turís-
tica, social y construcción de procesos
comunitarios para ponerse a la tarea de
fortalecer la ruta agroturística adelantada por
las campesinas de la Fundación.
Actualmente, el proceso económico
propuesto por las mismas campesinas de la
vereda Requilina, bajo el agroturismo y la
iniciativa comunitaria, empieza a ser parte
de la dinámica rural; simultáneamente y bajo
este propósito, la ruta se convierte en una
herramienta importante para la lucha contra
la expansión urbana, visualizando y poten-
cializando aún más la ruta agroturística.
Alterno a este proceso, hechos polémicos se
discuten en espacios gubernamentales,
centrados en los campesinos del sur de
Bogotá que se están aglomerando para evitar
que el gobierno local, junto con instituciones
privadas, compren los terrenos que en el
actual Plan de Ordenamiento Territorial ya
tiene definidos como espacios de expansión
urbanas. Estas acciones, que generaron
disturbios, problemáticas sociales, personas
detenidas, impactó de manera negativa a la
comunidad, debido a que nunca habían
optado por este tipo de trámites de resisten-
cia, pero una de las respuestas estaba inmer-
sa en la identidad cultural de cada uno de los
habitantes de la vereda.
Ruta Agroturística La Requilina, actualmen-
te generó iniciativas de resistencia, donde
una de las problemáticas latentes, justo por
su ubicación geográfica, es la de ser inclui-
dos dentro de los espacios delimitados como
zona de expansión urbana, fue detenida al
diferenciar sus prácticas campesinas a
instancias económicas como el turismo,
actividad que llevo a la ruta agroturística a
consolidar no solo el territorio rural, sino las
herramientas de participación y contribución
para generación de nuevas formas de desa-
rrollo.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Se recomienda el proceso encaminado por
este grupo de mujeres, se debe también
pensar en las gestiones desarrolladas por el
gobierno de turno, debido a las múltiples
formas de acceso que generó espacios para
que la participación ciudadana se viera refle-
jada en cada uno de estos espacios, en la
construcción del documento base de políti-
ca, en la conformación de asociaciones de
personas y colectivos de líderes comunales
y, en la importancia de reconocer las capaci-
dades que la población rural tiene para la
ciudad de Bogotá.
Hoy en día se debe empezar a plantear la
forma de replicar las experiencias significa-
tivas de la ciudad a otras ciudades y que
mejor, a otros países, partiendo de un accio-
nar mucho más global que permita concebir
redes y alianzas productivas del turismo con
enfoques sostenibles, comunitarios y socia-
les en pro del desarrollo rural.
Además, la protección de la identidad cultu-
ral y la conservación del medio ambiente se
deben dar desde procesos de base, acompa-
ñados por los gobiernos de turno y respalda-
do por el estado nacional, garantizando así la
responsabilidad y participación de los acto-
res privados, gubernamentales y sociales,
sumando a estos las instituciones de educa-
ción, que reflexionan desde los aportes
académicos en las iniciativas propias de las
comunidades locales y que bajo proyectos
sociales, advierten siempre ajustes y rees-
tructuraciones puntuales en la dinámica polí-
tica regional y local.
REVISTA CHAKIÑAN, 2016, Nº.1, DICIEMBRE, (93-100), ISSN 2550-6722
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se recomienda el proceso encaminado por
este grupo de mujeres, se debe también
pensar en las gestiones desarrolladas por el
gobierno de turno, debido a las múltiples
formas de acceso que generó espacios para
que la participación ciudadana se viera refle-
jada en cada uno de estos espacios, en la
construcción del documento base de políti-
ca, en la conformación de asociaciones de
personas y colectivos de líderes comunales
y, en la importancia de reconocer las capaci-
dades que la población rural tiene para la
ciudad de Bogotá.
Hoy en día se debe empezar a plantear la
forma de replicar las experiencias significa-
tivas de la ciudad a otras ciudades y que
mejor, a otros países, partiendo de un accio-
nar mucho más global que permita concebir
redes y alianzas productivas del turismo con
enfoques sostenibles, comunitarios y socia-
les en pro del desarrollo rural.
Además, la protección de la identidad cultu-
ral y la conservación del medio ambiente se
deben dar desde procesos de base, acompa-
ñados por los gobiernos de turno y respalda-
do por el estado nacional, garantizando así la
responsabilidad y participación de los acto-
res privados, gubernamentales y sociales,
sumando a estos las instituciones de educa-
ción, que reflexionan desde los aportes
académicos en las iniciativas propias de las
comunidades locales y que bajo proyectos
sociales, advierten siempre ajustes y rees-
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