REVISTA CHAKIÑAN, 2018, Nº.4, ABRIL, (112-123)
ISSN 2550-6722
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Si bien la diversidad de tradicio-
nes y las desigualdades de recursos
se oponen a que todos los Estados
Miembros adopten un sistema de
organización uniforme de los ser-
vicios administrativos encargados
de las excavaciones arqueológicas,
existen, sin embargo, ciertos prin-
cipios que deberían ser comunes
a todos los servicios nacionales:
a) El servicio encargado de las ex-
cavaciones arqueológicas debería
ser, en la medida de lo posible, un
organismo de la administración
central del Estado, o por lo menos
una organización que, en virtud de
una ley, dispusiera de medios que
le permitieran llegado el caso to-
mar las medidas urgentes que sean
necesarias. Ese servicio, encargado
de la administración general de las
actividades arqueológicas, debería
facilitar, en colaboración con los
institutos de investigación y las uni-
versidades, la enseñanza de las téc-
nicas de las excavaciones arqueoló-
gicas. Este servicio debería preparar
también una documentación cen-
tralizada, con los planos correspon-
dientes, acerca de los monumentos
a su cargo, muebles e inmuebles, así
como una documentación relativa a
cada museo importante, a los archi-
vos cerámicos, iconográcos, etc.
b) Debería asegurarse la conti-
nuidad de los recursos nancie-
ros, en especial para lograr: i) el
buen funcionamiento de los ser-
vicios; ii) la ejecución de un plan
de trabajos adecuado a la riqueza
arqueológica del país, compren-
didas las publicaciones cientí-
cas; iii) la scalización de los
descubrimientos fortuitos; iv) el
mantenimiento de las excavaciones
y monumentos. (INCP 2007:319)
Es un artículo largo pero bastante claro, se-
ñala en primer lugar que la diversidad de
tradiciones (¿conceptos?) y recursos impi-
den una uniformidad a la hora de acometer
la gestión del PA pero recomienda una serie
de principios que en suma se resumen en que
debe ser el Estado el encargado de la autori-
zación y administración de las excavaciones
arqueológicas; también debe asegurarse la
continuidad de los recursos nancieros para
llevar a cabo un buen plan de gestión.
En denitiva, como sostienen María Án-
geles Querol y Belén Martínez (Querol y
Martínez 1996:296; Querol 2010:201), la
recomendación es producto del ambiente de
Guerra Fría vivida en el mundo a partir de la
década de los cincuenta del siglo pasado y
los intentos de la UNESCO por promover la
paz mundial a través de la cooperación cul-
tural. La concepción casi feudal del PA en
manos exclusivamente de una élite de aris-
tócratas y adinerados arqueólogos europeos
y norteamericanos, nanciados por grandes
instituciones museísticas o sociedades cien-
tícas, va cambiando paulatinamente hacia
una mayor implicación por parte de los Esta-
dos poseedores de los bienes arqueológicos.
En 1967, en la ciudad de Quito, tuvo lugar
una reunión enmarcada en ámbito americano
que dio lugar al documento conocido como
Carta de Quito donde en su introducción se
dejó claro que:
Las recomendaciones del presente
informe van dirigidas en ese sen-
tido y se ciñen especícamente, a
la adecuada conservación y utiliza-
ción de los monumentos y lugares
de interés arqueológico, histórico
y artístico, de conformidad con lo
que se dispone en el Capítulo V
Esfuerzos Multinacionales Literal
d) de la Declaración de Presiden-
tes de América. (INCP 2007:416)
Aquí se institucionaliza que lo esencial para
la consideración de un monumento como
cultural es la huella del hombre y su función
social. De ahí que la Carta se constituya en
un instrumento de Solución Conciliatoria
entre el PA y el desarrollo económico que
desde nales de la década de los sesenta se
estaba produciendo especialmente en Amé-
rica del Sur.
En 1990 tuvo lugar en la ciudad suiza de
Lausana y promovida por ICOMOS, una re-
unión que dio lugar a la Carta Internacional